El asesinato del destacado líder de DD.HH. de Antioquia Caso Valle, muy cerca de la CorteRedacción Judicial / Medellín
Hace tres meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las masacres de La Granja y El Aro (Ituango, Antioquia), perpetradas en 1996 y 1997. Hoy, nueve años después de aquellos sangrientos hechos, en los que fueron asesinadas unas 20 personas, los problemas para Colombia por los mismos hechos aún no terminan.
Antes y después de las masacres de La Granja y El Aro, siempre hubo una voz de denuncia para que se hiciera justicia y se evitara más derramamiento de sangre inocente. Esa voz era la de un hijo de Ituango, abogado, profesor universitario, defensor de los Derechos Humanos... Su nombre: Jesús María Valle Jaramillo, quien el 27 de febrero de 1998 —sin duda por sus denuncias— fue asesinado en su oficina de Medellín por un comando paramilitar.
Como en Colombia no pasó nada con la investigación por el asesinato de Valle Jaramillo, hubo que acudir a la justicia internacional. El 20 de febrero de 2003, la Comisión Interamericana de DD.HH. admitió la demanda por la omisión en que pudo haber incurrido el Estado colombiano al no esclarecer plenamente los hechos que terminaron con la vida de Valle.
Aunque el Estado colombiano siempre ha argumentado que nuestra justicia sí fue eficaz en la investigación por el homicidio de Valle, se da como un hecho que en su próximo informe anual, la Comisión Interamericana de DD.HH. proferirá una resolución declarando la responsabilidad del Estado en el crimen de Valle Jaramillo.
La historia
A mediados de los años 80, infortunadamente, las Farc empezaron a hacer presencia directa en la región de Ituango. Entonces, una especie de ‘mano negra’ empezó a apoderarse del municipio, y encapuchados y desconocidos empezaron a asesinar, sin que nadie los detuviera. En marzo de 1995, tras una cruenta incursión guerrillera, fueron plagiados el alcalde y el personero. Ituango, en consecuencia, se volvió invivible.
Surgió entonces un remedio que resultó peor que la enfermedad: las Convivir o, mejor, los paramilitares. El 11 de junio de 1996, los ‘paras’ ingresaron al corregimiento La Granja y asesinaron a civiles en estado de indefensión. Extrañamente, ese día no aparecieron por ningún lado los retenes del Ejército.
Un líder popular de Ituango, Carlos Fernando Jaramillo Correa, empezó a tocar puertas en Medellín para que no dejaran solos a los habitantes de su pueblo. Sus súplicas nunca tuvieron respuesta. Ni siquiera del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, por quien en 1994 había hecho campaña para la Gobernación. Jaramillo, entonces, se acordó de su paisano Jesús María Valle, quien de inmediato empezó a echarse encima el problema de orden público de Ituango.
Denunció a los militares, con nombres propios, de actuar en connivencia con los escuadrones de la muerte. Señaló que miembros del Ejército y la Policía patrullaban en compañía de paramilitares. Eso lo dijo por la radio y apareció también escrito en los periódicos. Como era de esperarse, sus detractores se le vinieron encima y su seguridad se volvió un problema.
Vino entonces la segunda parte de lo que Jaramillo temía: la masacre del corregimiento de El Aro, también en Ituango. Al igual que en La Granja, los asesinos arreciaron sin que nadie pudiera ponérseles de frente. Al igual que en La Granja, los efectivos de la Fuerza Pública brillaron por su ausencia.
Tras la masacre de El Aro, Jesús María Valle también arreció, pero con la palabra. Dijo que era tal el amasijo entre militares y paramilitares, que el Ejército no había movido un dedo para que la Fiscalía pudiera realizar los levantamientos de los cadáveres en El Aro.
“En El Aro (durante la masacre), dicen los campesinos, hubo presencia de helicópteros del Ejército”, afirmó Valle, quien para ese momento ya había sido señalado como enemigo de las Fuerzas Armadas por el gobernador Uribe y los generales que, para finales de 1997, estaban acantonados en Antioquia.
Valle, denunciado
El 10 de julio de 1997, un teniente del Ejército, Héctor Emiro Barrios, fue hasta la Fiscalía a presentar una denuncia penal. “Vengo a denunciar a Jesús María Valle porque me está calumniando al Batallón Girardot, al Ejército y a la IV Brigada”. (Héctor Emiro Barrios es actualmente teniente coronel).
El 26 de febrero de 1998, el profesor Jesús María Valle rindió indagatoria por calumnia en una Fiscalía de Medellín. “Miembros del Ejército y la Policía han sido conniventes con el grupo paramilitar de Ituango. (...) Mis denuncias iban dirigidas al comandante de la IV Brigada, como general de la República, y al responsable del orden público en el departamento, doctor Álvaro Uribe”, dijo Valle en aquella diligencia.
El asesinato
Veinticuatro horas después de haber rendido indagatoria, Jesús María Valle llegó hasta su oficina del edificio Colón, pleno centro de Medellín. Eran las dos de la tarde. Valle saludó a su hermana Nelly, quien durante muchos años fue su secretaria.
De pronto, dos hombres y una mujer irrumpieron en la oficina y le dijeron a Nelly que querían hablar con su hermano. No la dejaron ni responder porque, a empellones, la condujeron hasta donde el líder de Derechos Humanos compartía con Carlos Fernando Jaramillo. A los tres los hicieron tender en el piso y los amarraron con las manos atrás. Dos disparos segaron la vida del profesor Valle. Los asesinos, por fortuna, no se metieron ni con Nelly ni con Carlos Fernando.
Para ajustar
El 6 de octubre del año pasado, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que el Estado no era responsable de la suerte corrida por Valle, toda vez que el defensor de Derechos Humanos fue asesinado en su oficina —“lugar adonde las personas acudían sin ningún tipo de restricciones”— y porque nunca pidió protección de los organismos de seguridad del Estado.
