CONDENDO EL ESTADO COLOMBIANO POR MASACRES DEL ARO Y LA GRANJA

Sanción de $3.400 millones por la masacre de El Aro

El defensor de los d.h. Jesús María Valle advirtió sobre las incursiones.


En los hechos, sucedidos entre 1996 y 1997, Accu mataron a 19 personas.


Para la Corte Interamericana de D.H., de OEA, Estado es responsable.
PorGlemis Mogollón VergaraLas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) causaron la muerte de 19 campesinos en los corregimientos El Aro y La Granja, de Ituango, en dos hechos ocurridos entre 1996 y 1997.Ese grupo quemó casas, robó 1.200 cabezas de ganado y desplazó a unas 1.200 personas.Pero, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el Estado también es responsable por desproteger a las víctimas de esos ataques.Ayer se conoció la sentencia, con fecha del primero de julio, en la que la Corte pidió para 123 familiares de las víctimas una indemnización de 1'426.000 dólares (unos 3.400 millones de pesos).La sentencia, acogida por unanimidad por siete jueces, explicó que el Estado deberá reconocer, de forma pública, su responsabilidad en la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad privada y la circulación y residencia en esa zona del norte de Antioquia.Además, deberá implementar un programa de vivienda para los sobrevivientes que perdieron sus casas.Por primera vez desde que la Corte comenzó a fallar en casos de d.h. (van siete), el Estado fue hallado responsable de violar los derechos de prohibición de la esclavitud y servidumbre y los derechos del niño.Esto, porque entre las 19 víctimas estaba Wilmar de Jesús Restrepo, un niño de 14 años, y porque los paramilitares obligaron a 17 campesinos a arrear el ganado robado hasta varios puntos de destino y no recibieron ningún tipo de remuneración.Tragedia avisadaEn el documento, la Corte mencionó en varias ocasiones las diferentes alertas que el ex concejal de Ituango y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo, hizo de la presencia de los grupos paramilitares en ese municipio.En esa época (Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia y el general Carlos Alberto Ospina comandante de la IV Brigada), Valle denunció una supuesta connivencia entre miembros del Ejército y los ilegales.Por esa y otras denuncias, Valle fue amenazado y luego asesinado el 27 de febrero de 1998.Los campesinos también presintieron la tragedia y el fallo de la CIDH así lo registró:"Los paramilitares llevaban mapas de todos los corregimientos y municipios y marcaban con una equis roja aquellos que pensaban destruir. El Aro estaba marcado (...) lo cual fue debidamente notificado al Alcalde de Ituango y otros concejales (...) dos meses antes de la toma, la junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la Gobernación, la cual no fue otorgada. Las autoridades locales comenzaron a llamar a toda parte, a la IV brigada, al batallón Girardot, hasta la Fiscalía en Yarumal. Les respondieron que no había tropa disponible porque todas habían sido repartidas con propósito de las elecciones que se estaban llevando a cabo en esos días".En la sentencia, la Corte consideró probado que la connivencia entre paramilitares y la fuerza pública "es consecuencia de procesos penales y de investigaciones disciplinarias abiertos en su contra que no desembocan en el establecimiento de responsabilidades ni en las correspondientes sanciones".Hasta anoche no había una respuesta del Gobierno Nacional, pero el pasado lunes, de manera informal, el vicepresidente Francisco Santos aseguró, aún sin conocer la sentencia, que el Estado la respetaría. "Nosotros estamos esperando el texto del fallo de la Corte Interamericana y asumiremos las responsabilidades del caso".Por la masacre de El Aro, la justicia colombiana condenó a 40 años de prisión al ex jefe de las Auc Salvatore Mancuso, quien pagaría máximo ocho años por la ley de Justicia y Paz.Y según la agencia Efe, también condenó, a 31 años, al ex capitán del Ejército Jorge Alexander Sánchez.
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Justicia: búsqueda de varios años11 de junio de 1996. Hombres armados llegan al corregimiento La Granja y matan a William de Jesús García, María Graciela Arboleda, Héctor Correa García y Jairo Sepúlveda Arias.22 de octubre de 1997y días siguientes. Paramilitares llegan a Puerto Valdivia y matan a Omar de Jesús Ortíz y Fabio Antonio Zuleta, en el sector de Puquí. Marcharon a la finca La Planta, donde acribillan a Arnulfo Sánchez Álvarez. Al día siguiente, en el embarcadero Puerto Escondido, ultiman a Omar Iván Gutiérrez, Olcris Fail Díaz Pérez, José Martínez Pérez y Otoniel de Jesús Tejada. En su recorrido también dieron muerte a Wilmar de Jesús Restrepo y Alberto Correa. Luego fueron a pie con dirección a El Aro, a seis horas de Puerto Valdivia, donde asesinaron a Guillermo Mendoza Posso, Luis Modesto Múnera, Nelson Palacio Cárdenas, Marco Aurelio Areiza, Rosa Areiza y Dora Luz Areiza.Marzo de 2004. La Comisión Interamericana de D.H., de la OEA, presenta un informe en el que declara responsable al Estado por los hechos, ante la denuncia hecha por el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas.Julio de 2004. La Comisión Interamericana presenta la denuncia contra el Estado colombiano ante la CIDH.Julio de 2006. La CIDH condena al Estado por lo ocurrido en El Aro y La Granja